El Defensor del Pueblo considera de “difícil justificación” constitucional que los titulados en Periodismo o equivalentes no puedan impartir Lengua y Literatura en los colegios públicos y privados, para las etapas de Eso y Bachillerato.
El Defensor formula este planteamiento en respuesta a una queja presentada en marzo pasado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), después de que un decreto de julio de 2010 impidiera a los licenciados o graduados en periodismo o carreras equivalentes ejercer la docencia en dichas materias.
El Defensor basa su argumentación en el artículo 23.3 de la Constitución ((principios de igualdad mérito y capacidad), para señalar que la carga de créditos de lengua en las carreras de Periodismo y el Certificado de Aptitud Pedagógica o el Máster en Formación del Profesorado en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras “avalan los conocimientos necesarios” de los periodistas para impartir dichas materias “y deberían facultarles” para que puedan enseñarlas en los colegios públicos y privados.
Esta institución ha recomendado al Ministerio de Educación y Formación que examine la procedencia de incorporar dichas titulaciones universitarias, acompañadas del correspondiente Máster de Formación del Profesorado, en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras, en la enseñanza pública y privada, para las etapas de ESO y Bachillerato.
El Defensor del Pueblo insta a las administraciones educativas autonómicas a que “mantengan la acreditación de los licenciados o graduados” en periodismo o equivalentes que “no hayan interrumpido la docencia desde
antes de su entrada en vigor, y reconozca el tiempo de servicios prestados durante ese periodo”.
En el escrito que ha remitido a la FAPE en contestación a su queja, la Institución afirma que “ha examinado las razones por las que los titulados en Periodismo o equivalente no han sido habilitados para impartir el currículo oficial de esas materias de ESO y Bachillerato en los centros privados y, en cambio, sí se reconoce esta habilitación a todos los titulados del área de Humanidades o de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, cuando muchos de los planes de estudios de estas titulaciones (Historia y Patrimonio, Arqueología, Historia del Arte, Humanidades y Antropología Social, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Filosofía, entre otras) apenas cuentan con asignaturas relacionadas con los contenidos curriculares de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras”.
Además, considera “una incoherencia” que el Máster de Formación del Profesorado en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras que siguen ofertando las universidades públicas y privadas orientado a la impartición de clases, habilite a los licenciados o graduados en la rama de Comunicación para acceder a las pruebas selectivas de acceso a la función pública docente y, sin embargo, no tenga carácter habilitante para poder impartir estas mismas materias en un centro privado o para acceder a las bolsas extraordinarias de empleo del sector público docente.
Cabe recordar que, tras la publicación del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, se impide a los licenciados en Periodismo o Comunicación ejercer la docencia en la especialización en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras, a pesar de que el máster oficial ofertado por algunas universidades, tanto públicas como privadas, que habilita para el ejercicio docente, contempla como vía preferente para los periodistas y licenciados/graduados en Ciencias de la Comunicación la especialización en dichas materias.
Dicho real decreto estableció que únicamente podrían impartir tales materias las titulaciones adscritas al área de Humanidades o a la rama de Conocimiento de Artes y Humanidades. Periodismo quedó enmarcado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
La FAPE, que forma parte de la Plataforma de Periodistas Vetados en Educación, ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones la actitud que vienen manteniendo, tanto la Administración central como las autonómicas y los partidos políticos, ante un problema que afecta a centenares de periodistas docentes.
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